Todos los entes públicos deben contar con órganos internos de control, los cuales deben ser independientes de los entes públicos ante los que ejerzan sus funciones^[1].

Los órganos internos de control son las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de servidores públicos^[2].

En el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, a partir de septiembre de 2009^[3] se creó la figura de Contralor Interno, cuya designación entonces correspondía a la Sala Superior del Tribunal, de modo que en sesión plenaria del 3 de mayo de 2012, se hizo el nombramiento del primer Contralor Interno del Tribunal para iniciar el ejercicio de sus atribuciones el 16 de mayo del mismo año.

En seguimiento la exigencia establecida en la Constitución Política de la Ciudad de México en 2017 de que los órganos internos de control fueran independientes de los entes públicos, en ese mismo año se emitió la nueva Ley Orgánica del Tribunal, en la que se previó que el Tribunal contaría con un Órgano Interno de Control, cuya persona titular sería designada por el Pleno General del Tribunal, a propuesta de la Presidencia, y ratificada por la mayoría calificada de las y los integrantes presentes del Congreso de la Ciudad de México^[4], siendo que la segunda persona nombrada como Titular del Órgano Interno de Control bajo dicho proceso, tuvo lugar el 20 de mayo de 2021.