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Entrevistan en el programa de televisión “Justicia para Todos” a los magistrados Esquivel Mossa, De la Rosa y Arteaga Manrique

Ciudad de México a 17 de junio de 2015.

 

La magistrada presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito, doctora Yasmín Esquivel Mossa, y los magistrados de Sala Superior, José Arturo de la Rosa Peña y María Marta Arteaga Manrique, dieron una entrevista conjunta al programa especializado “Justicia para Todos”, que conducen los abogados Héctor Becerra y Olivia Munira.

          

Los temas abordados por los magistrados fueron: Daño Patrimonial y Parquímetros.

Los impartidores de justicia dijeron que las tareas que realiza el Tribunal son fundamentales para el buen funcionamiento de la Ciudad de México, porque defiende al ciudadano de las posibles arbitrariedades y abusos de la autoridad.

Consideraron que con sus decisiones el Tribunal ayuda a proporcionar gobernabilidad a una de las megalópolis más pobladas y grandes del mundo.

Asimismo, explicaron que debido al Derecho Administrativo y a las conductas que éste regula, se impiden los abusos y los excesos de quienes ejercen acciones de derecho.

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Al contestar las preguntas de los conductores del programa, los magistrados puntualizaron que el Tribunal tiene facultades en estos dos temas: Daño Patrimonial y Parquímetros.

Sobre el Daño Patrimonial, manifestaron que es prioritario que la ciudadanía conozca los pasos a seguir cuando un automovilista “cae en un bache” y su auto sufre alguna descompostura o daño.

En este sentido, expresaron que cuando un ciudadano tenga algún percance por la falta de señalización adecuada en las obras que construye el GDF, porque la administración tiene la obligación de pagar por el daño causado a los automovilistas, pues es su responsabilidad mantener las vialidades en buen estado.

Al referirse al tema de los parquímetros, subrayaron que al dictar alguna sentencia los magistrados del Tribunal se apoyan en la resolución de la SCJN, al sostener que las inmovilizaciones de vehículos, por parte de las empresas particulares son anticonstitucionales a menos que esté presente un efectivo de tránsito en el momento de la sanción.

Detallaron que las empresas no tienen facultades para inmovilizar un vehículo, únicamente lo puede realizar la Secretaría de Seguridad Pública.

En este contexto, los magistrados precisaron que si la empresa ha emitido una sanción económica al vehículo, ésta si se puede impugnar por el afectado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

Para concluir, manifestaron que la vía jurídica para estos juicios es la sumaria; es decir, plazos cortos que se tardan en resolver un promedio 45 días.

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