Martes, Septiembre 25, 2018

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Dr. Octavio A. Hernández

DISCURSO DE INAUGURACIÓN

}}} Discurso pronunciado por el Dr. Octavio A. Hernández, Secretario General del Departamento del Distrito Federal, en la ceremonia de instalación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del D. F., el 17 de julio de 1971

Ciudadano licenciado Octavio Sentíes Gómez, Jefe del Departamento del Distrito Federal y representante del ciudadano Presidente de la República, ciudadano presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Señoras y señores:

El 30 de diciembre de 1970, el ciudadano licenciado Luis Echeverría Alvarez, Presidente de la República, envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley que crea el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

Daba cumplimiento, así, a escasos 30 días de haber asumido su alto cargo, a una promesa hecha a la Nación durante su campaña como candidato a la Primera Magistratura del país.

En el curso de aquélla manifestó en repetidas ocasiones, el propósito de imprimir a su Gobierno el más puro y genuino sello democrático, mediante su constante aproximación al pueblo con el que han de mantener las autoridades contacto directo, franco coloquio y sincero entendimiento, requisitos sin satisfacer los cuales, se vería privada de contenido la clásica ecuación de la libertad política, por la que el pueblo debe ser, a la vez, origen, instrumento y finalidad del Gobierno.

A este fin responde el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Tal compromiso es el que cumple su institución.

Con base en la letra y espíritu de la Constitución, que le sirven de apoyo, el Tribunal da respuesta a requerimientos sociales, se estructura conforme a principios técnicos y con apego a nuestras tradiciones, acoge las corrientes jurídicas más modernas y se convierte en instrumento, a un tiempo fino y fuerte, de una política de Gobierno cuyo más claro anhelo es brindar justicia integral al pueblo y, en especial, a la porción de éste que más la necesita, esto es, a la que denominamos con eufemística compasión, "sector desvalido o económicamente débil", y al que con franqueza debemos llamar por su único y verdadero nombre: "sector de los pobres", en el que la posesión linda con la nada y la carencia con la totalidad.

El control jurisdiccional de los actos de la administración pública, es exigencia de las sociedades en las que priva un Estado de derecho.

Es inevitable, en efecto, que los órganos de la administración violen con frecuencia el principio de legalidad y hieran, por error o por dolo, los legítimos intereses de los gobernados. En tal situación, nace el más innegable y elemental de los derechos: la defensa del particular frente a los actos de la administración.

Aparecen, así, los recursos y medios ordinarios de defensa, que por sustanciarse ante el propio órgano autor del acto impugnado, reciben la calificación de administrativos.

Según la experiencia, desde el punto de vista de la justicia cuya impartición se persigue, el desprestigio de los recursos administrativos corre parejo a su ineficacia. La doctrina nacional y extranjera denuncia que el órgano que conoce del recurso administrativo adolece de parcialidad, por falta de autonomía; que tiende a juzgar casos heterogéneos, conforme a criterios uniformes; que no puede evitar su supeditación al superior jerárquico; que se resiste a suspender el acto de autoridad que el particular reclama; y, a fin de cuentas, que en gran número de casos otorga gracia, que es merced, y no justicia, que es reconocimiento de un derecho.

Hace falta, pues, una institución jurídica que garantice al gobernado frente a la autoridad, la aplicación correcta de la ley, así como, la reparación de los intereses lesionados.

Origina esto el procedimiento contencioso administrativo, cuyo fin es mantener el Estado de derecho y analizar la legalidad de las resoluciones de los órganos administrativos, y su conformidad con el orden establecido por el legislador.

Es cierto que somos legatarios de una rica tradición jurídica. Ya en la Colonia, las Reales Audiencias conocían de ciertos asuntos contenciosos administrativos, y a mediados del siglo pasado, la Ley Lares -de efímera vigencia- estableció este tipo de defensa procesal.

Pero, la verdad es que hasta ahora, por vez primera en la historia de la Capital de la República, se dota a sus habitantes de un instrumento jurisdiccional, de especial naturaleza, para la defensa de sus derechos frente al órgano administrativo de la Metrópoli, el Departamento del Distrito Federal.

Por sus peculiares características, -sin paralelo, hasta donde yo sé, ni en la legislación patria, ni en la de otros países- la importancia y trascendencia de este nuevo procedimiento de defensa es equiparable -toda proporción guardada, en razón de su diferente ámbito de aplicación territorial- a la más cara institución de nuestro derecho, el Juicio de Amparo, hoy por hoy, orgullo mexicano que, en calidad de ejemplo que se imita, lleva nuestro permanente e inflexible afán de vida democrática, mucho más allá de nuestras fronteras.

Pero, al lado de las mencionadas, importa destacar en esta ocasión en la que el Tribunal inicia sus labores, algunas otras de sus peculiares y exclusivas características, que tal vez no hallemos en el marco de las doctrinas ortodoxas pero que, sin duda, han de ahondar en la conciencia del pueblo a cuyo exclusivo servicio está destinada su actuación:

a)  No hay justicia sin imparcialidad del órgano a quien le teca darla. No hay imparcialidad cuando existe dependencia jerárquica o económica. Por ello, la Ley que creó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo dotó de plena autonomía. Sus Magistrados no dependen de alguno de los otros poderes. No deben su designación a funcionario determinado. Propuestos por el Jefe del Departamento del Distrito Federal, su nombramiento es hecho por el Presidente de la República, pero sólo cobra validez al ser ratificado por la Cámara de Diputados o, en su defecto, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Por lo demás, el Tribunal goza de la más amplia libertad para designar y remover a la totalidad de su personal judicial y administrativo y para manejar su hacienda, con cargo al Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal.

La independencia orgánica y la autonomía funcional del Tribunal garantizan al pueblo de la Ciudad de México la imparcialidad de sus juicios y, consecuentemente, la impartición irrestricta de justicia, aún cuando los dictados de ésta puedan ser adversos al interés de las autoridades administrativas.

b)  El origen del Tribunal y los fines que persigue su institución y la del proceso contencioso administrativo, permiten calificarlo como un órgano eminentemente popular. No está, ciertamente, integrado por el pueblo, pero sí en función del pueblo y para servicio del pueblo. No siempre el derecho ha marchado al paso de las causas populares. De ahí que nuestra Ley Suprema haya roto deliberadamente los moldes clásicos, sin violencia, pero con decisión. Ante el dilema de escoger entre la pureza de la regla jurídica y la justicia popular, se pronunció, sin titubeos, por este último extremo.

El Tribunal es adecuada caja de resonancia a este diapasón sociopolítico de la Constitución Mexicana. Del conjunto de sus preceptos se desprende que sus Magistrados son más que jueces de derecho, juzgadores de conciencia. Quiere esto decir que la finalidad de las sentencias que emitan no será aplicar con rigidez el derecho, por simple afición a lo jurídico, sino lograr la impartición de justicia, por verdadera devoción al pueblo. Lo que en rigor debería ser un afán justiciero, ha de trocarse en un espíritu saturado de equidad, que es, según alguien apuntó "justicia derivada de la conciencia, remediadora de la injusticia emanada de la Ley".

c)  Intencional y deliberadamente, la Ley que creó al Tribunal reduce al mínimo el formalismo del procedimiento que, observado en demasía, acarrea complejidad, lentitud y encarecimiento del trámite, incompatibles con la intención de brindar al pueblo justicia simple, rápida y gratuita.

Son muchas las prerrogativas o privilegios que el poblador de la Metrópoli, agraviado por el acto de autoridad administrativa, deriva de esta ausencia de formalidad:

-Tiene opción para ocurrir de modo directo al Tribunal o para agotar previamente algún recurso o medio de defensa que establezcan las leyes o reglamentos del Distrito Federal;

-Está exento de ser condenado en costas;

-Goza del beneficio de presentar su demanda en la forma impresa que le proporcione el Tribunal, así como de ser auxiliado para ello por el personal del propio organismo y de aprovechar los servicios de un defensor de oficio;

-No tendrá que enfrentarse a recursos dilatorios, pues la Ley sólo establece el de Reclamación, contra providencias o acuerdos de trámite;

-Se beneficiará con la suplencia de la queja deficiente que, en su caso, haga el Tribunal;

-Tiene la certeza de que, en principio, podrá obtener la resolución del caso que plantee al Tribunal, en un término apenas superior a dos semanas;

-Se verá libre de exacciones marginales, merced a la prohibición de la gestión oficiosa; y

-Verá asegurados razonablemente sus intereses, mediante la posibilidad de obtener la suspensión del acto administrativo que haya reclamado.

d)  Late en el fondo de estas notas, de equidad y de informalidad de la Ley, tan enérgicamente marcadas, su intención claramente proteccionista.

Una de las peculiaridades de nuestro Código Político, es la de ser norma protectora y fuente de normas jurídicas tutelares de sectores de población, social, política o económicamente desamparados. Tal es la raíz y esencia de nuestras legislaciones agraria y laboral. Campesinos y trabajadores hallan en una y otra categoría de leyes, escudo y amparo ante quienes antaño les negaron, y en nuestros días les regatean, los derechos y libertades inherentes al ser humano.

La Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo participa, también, de esta nota proteccionista que, si se quiere, es de mayor dimensión, por cuanto su ámbito tutelar abarca no sólo a una clase social dada, sino a la totalidad de los pobladores de la Capital de la República, muy particular y especialmente, a los pobres.

Generalmente la pobreza va acompañada de inexperiencia e ignorancia. Para quienes son víctimas de ellas, la autoridad es entidad que sobrecoge e inhibe. Consecuencia de esta relación entre quien todo lo tiene y todo lo puede y quien de todo carece y todo ignora, es una actitud tímida y pasiva del gobernado ante los actos del gobernante, aun cuando éstos adolezcan de flagrante ilegalidad.

Estas dramáticas circunstancias son, por desgracia, ingredientes en muy elevado porcentaje, de nuestra realidad social. Resulta, pues, absurdo partir del falso supuesto de que en la relación procesal gobernante-gobernado, hay igualdad de partes. La verdad es que, salvo casos de excepción, el gobernando se encuentra en condiciones de desventaja.

El Gobierno del Presidente Echeverría trata de remediar este hecho. Esto explica el por qué ha hablado de transformar la concepción que los gobernantes tienen del pueblo y la que éste tiene de aquéllos, y por qué el ciudadano licenciado Octavio Sentíes Gómez, Jefe del Departamento del Distrito Federal, viene insistiendo en la necesidad de aproximar a autoridades y gobernados y de humanizar la relación que existe entre ambos.

SEÑORAS Y SEÑORES:

Ya lo hemos dicho: la creación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un paso decisivo y trascendente en la historia jurídico política de la Capital de la República y, por tanto en la de ésta última.

Se trata de una innovación, pero no de un ensayo. Las prácticas de laboratorio se hallan vedadas en el escenario político en el que sé ejerce la función de gobierno, porque está de por medio el pueblo al que sólo manos criminales pueden convertir en objeto de experimentación.

El fin de este paso es uno solo, bien definido por cierto: acercar entre sí a pueblo y a gobierno, afinar los procedimientos para asegurar la legalidad de los actos de éste y robustecer la conciencia cívica y su fe en un régimen de derecho apoyado con firmeza en los sillares de una democracia real y verdadera.

Precisa recalcar que el Tribunal no es un órgano judicial más, destinado a dirimir controversias de motivación económica entre partes iguales, a través de un proceso lento, costoso y técnicamente alambicado, sino un órgano inmediatamente conectado con el pueblo, cuya grave misión es captar, sobre bases de equidad y con criterio humanístico, los reclamos del propio pueblo, al que ha de brindar con premura y sencillez, justicia frente a los actos ilegales de la administración pública.

Desvirtuar de algún modo o en determinada medida el fiel desempeño de este alto cometido, implica traición al pueblo.

En ustedes, ciudadanos Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, recae esta seria responsabilidad.

}}} Publicado en la Revista del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Órgano Informativo del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, número 1, volumen 1, 17 de julio de 1972, páginas 89 a 100.

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