Martes, Diciembre 11, 2018

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Magistrado Presidente Jorge Gabriel García Rojas

 

DISCURSO DE INAUGURACIÓN

}}} Discurso pronunciado por el señor licenciado Jorge Gabriel García Rojas en el acto de inauguración del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el día 17 de julio de 1971, en su carácter de Magistrado Presidente de dicho Tribunal.

Este día surge a la vida jurídica del país una nueva institución que recoge una antigua necesidad de los habitantes de la Ciudad de México. Por eso, esta fecha habrá de significar en la historia del derecho nacional, una nueva etapa que ahora celebramos por vez inicial y hemos de festejar a lo largo de su trayectoria.

En la vida democrática de los pueblos, el surgimiento de cada institución jurídica o política, supone la apertura de un nuevo cauce para que las necesidades de los hombres tengan oportunidad de ser satisfechas.

El señor Presidente de la República, congruente con su actitud de coordinar los esfuerzos nacionales y proveer a la vida del país de los alientos necesarios para cancelar formas obsoletas del vivir nacional y abrir nuevos conductos, envió a la consideración del Congreso de la Unión la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, cuya instauración celebramos.

Desde el proyecto de Ley y su exposición de motivos, se advertía un espíritu nuevo para la erección de este Cuerpo Colegiado, tanto por los perfiles de carácter humano y jurídico con que fue diseñado, como por las finalidades que persigue como un Tribunal de justicia popular expedita, pronta, accesible y pública.

Se trata de un órgano para cuyo funcionamiento ha sido dotado de un procedimiento sencillo, sin mayores formalidades que las que constituyen garantías constitucionales indispensables. Un tribunal que será enemigo de los procedimientos largos, complicados e inoperantes; que persigue impartir la justicia administrativa con un espíritu de servicio, agilidad de procedimientos y acceso popular franco y abierto.

Sin perjuicio de ser un Tribunal de plena jurisdicción, será también eminentemente popular y democrático, en el sentido de propiciar las mejores formas de entendimiento y colaboración entre los particulares y la administración pública del Departamento del Distrito Federal; popular, también, en la medida en que a él habrán de acudir clases sociales de todos los niveles especialmente las desvalidas, para quienes se ha dispuesto un mecanismo de protección que les permita, en medio de la desigualdad de su condición, la obtención de una justicia sencilla y ágil.

Merecen destacarse, a este respecto, la suplencia de la queja y la defensoría de oficio que instituye la Ley en beneficio de todos los particulares, pero que, sin duda, redundará en una tutela mayor para los sectores menos favorecidos de la población, con el fin de que la carencia de recursos económicos o la falta de instrucción, no sean un obstáculo para el logro de la justicia.

La experiencia viva de nuestra Constitución nos ha demostrado, una vez más, que a la feliz síntesis de las garantías sociales e individuales que contiene, el México moderno debe en gran parte su equilibrio político, su cohesión nacional y el hallazgo de su camino propio en el concierto mundial. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo habrá de mantener con todo vigor esta lección histórica de nuestra Carta Magna, y al paso que tutele las garantías individuales, a través de sus resoluciones también aplicará los principios y las normas del Derecho Social, si por éste se entiende toda medida de las instituciones publicas que tienda a la protección de los desheredados de la fortuna y de la cultura.

En nuestro sistema jurídico es prerrogativa constitucional que a través del amparo los Tribunales Federales tutelen los derechos del hombre, pero sólo en última instancia, no de modo exclusivo. La protección de las garantías constitucionales corresponde por igual a todas las autoridades. Desde la justicia de barandilla hasta el ministerio de la Corte, desde la modestísima decisión administrativa hasta las determinaciones del más alto nivel jurídico o político, se extiende una gama de autoridades que resuelven todos los días sobre la libertad y la seguridad de las personas, sobre su prestigio o su patrimonio, y algunas veces, hasta sobre su vida. De aquí surge la necesidad de humanizar las funciones públicas. De ejercer el poder con humildad, como lo declaró hace poco el Ciudadano Jefe del Departamento del Distrito Federal, Lic. Octavio Sentíes Gómez, para que, como él dijo, los ciudadanos dejen de ser masas anónimas, transeúntes ignorados, cifras para la estadística y el censo, y concurran a la tarea humanística común, para aportar su consejo, su experiencia y opinión.

Muchos son ya los testimonios públicos del humanismo social que el Jefe del Ejecutivo, licenciado Luis Echeverría, ha dado a la nueva administración, de ello son constancia: la acción política y social directa, el sentido de las iniciativas de ley aprobadas por el Congreso de la Unión, su actitud personal frente a la ciudadanía, como un mexicano atento al acontecer nacional, abierto a todas las corrientes del pensamiento y en contacto permanente con el sentir del pueblo.

La instauración de este Tribunal es una confirmación de esa nueva actitud mental del gobierno de la República; un paso más en nuestra trayectoria de Estado de Derecho; una nueva constancia institucional del ánimo de crítica y autocrítica que se ha postulado y un propósito indeclinable para demostrar, ante la ciudadanía del país y especialmente a los habitantes de esta Ciudad, que el humanismo no debe ser entendido como sinónimo de compasión o como un altruismo paternalista y protector que tiene como fuente un bienestar despreocupado, ni como un movimiento ocasional y generoso del ánimo para favorecer al desvalido, sino como una preocupación fundamental y permanente por el hombre; como actitud de respeto hacia el individuo; tarea constante para dar al ser humano lo que le pertenece por derecho y rescatar en él, de modo institucional, los valores primordiales en que se finca su dignidad.

CIUDADANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL:

Los señores Magistrados que integran este Tribunal hacen en este día, por mi conducto, una ratificación de su vocación pública. Nos anima un propósito común: servir al pueblo de la ciudad de México y hacer de este Tribunal un lazo de comprensión y de solidaridad entre la ciudadanía y sus autoridades. Sabemos que nuestro Cuerpo Colegiado afronta un gran reto para que, sin deprimir la eficacia de la administración pública de la capital, queden a salvo las formas jurídicas con que debe desempeñar sus funciones, en beneficio de los particulares. Hemos aceptado ese reto con toda resolución. Sabemos, también, que gracias a la autonomía de que está investido y a la naturaleza de sus funciones, podremos convertir a esta nueva institución en una fuente de Derecho Administrativo que pueda señalar, con sencillez pero con firmeza, las pautas necesarias para que la administración pública de la Ciudad sea eficaz y congruente.

Como profesionales del derecho nos enorgullece la misión que el señor Presidente de la República ha tenido a bien encomendamos, porque cuando las personas tienen la tarea de hacer cumplir, interpretar y aplicar el derecho, se convierten en custodios de los valores sociales y su labor se enaltece.

Estamos conscientes de que el derecho, como toda técnica, sólo se humaniza cuando se acerca a la vida y acude al reclamo de los hombres como un instrumento más que se pone a su servicio; cuando rescata la dignidad humana del atropello, de la ignorancia o de la miseria y que, en cambio, el derecho se desvirtúa si se le transforma de medio a fin; si se le cultiva como un deleite infecundo de la especulación, o si, frente a la urgencia de los hombres, se le quiere mantener como una entidad estática, cuando sólo exige ser estable.

En esta hora, en que tanto se debaten las ideologías de uno y otro signo; en que aparecen en la escena del mundo tantas indecisiones individuales y colectivas y se duda de la congruencia entre los medios y los fines, entre el pensamiento y la acción; en esta época, pues, en que es tan lícito dudar de tantas cosas, los mexicanos no tenemos derecho a dudar de la ruta ascendente que ha tomado nuestro país al amparo de su Constitución y de una administración pública que ha sabido interpretarla vigorosamente.

}}} Publicado en la Revista del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Órgano Informativo del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, número 1, volumen 2, 17 de julio de 1973, páginas 69 a 113.

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