Sábado, Septiembre 22, 2018

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Una Visión del Distrito Federal en 1971

Del Primer Informe de Gobierno del Presidente Luis Echeverría Álvarez, verificado el 1º de septiembre de 1971, se desprende la perspectiva que en ese momento se tenía de la Ciudad, de sus problemas y necesidades, así como de las acciones que se empezaban a emprender, en materia de abastecimiento de agua, drenaje, vialidad, seguridad, servicios educativos y de salud, vivienda, control ambiental, etc.

En el propio informe, se refiere que de 34 millones de personas, en 1960, se había llegado en ese año, 1971, a los 50 millones, así como que se preveía que la población del país se duplicaría antes de que transcurriera un cuarto de siglo.

Al respecto, cabe precisar que acorde al censo de 1970, en ese año, el Distrito Federal, tenía una población de 6 millones 874 mil 165 habitantes y la población total ascendía a 48 millones 225 mil 238 de personas; así como que efectivamente, como se previó en el 1er Informe de Echeverría, a una década del inicio del milenio, en 2010, la población total se elevó por encima de lo previsto, a 112 millones 336 mil 538 habitantes, lo que no ocurrió en el Distrito Federal, pues sólo se incrementó a 8 millones 851 mil 080 habitantes, como se aprecia de la página del INEGI, parte relativa a censos de población de 1895 a 2010, tomada el 8 de octubre de 2012.

 

Población Nacional Distrito Federal
1970
Total 48 225 238 6 874 165
  Hombres 24 065 614 3 319 038
  Mujeres 24 159 624 3 555 127
     
2010
Total 112 336 538 8 851 080
  Hombres 54 855 231 4 233 783
  Mujeres 57 481 307 4 617 297


Ahora bien, del 1er Informe, se transcribe sólo el apartado relativo al Distrito Federal, tomado, el día 8 de octubre de 2012, de la página electrónica “500 AÑOS DE MEXICO EN DOCUMENTOS”.

“…DISTRITO FEDERAL  

En la capital de la República se reflejan, amplificados, los avances y también, los problemas del país.

El Distrito Federal ha multiplicado cuatro veces su población en las últimas tres décadas y su incremento demográfico equivale a la creación, cada año, de una nueva ciudad de 250 mil personas.

Un espacio reducido del altiplano, la zona metropolitana del Valle de México, aloja ya algo más del 18% de la población nacional.

El ensanchamiento del área urbana incrementa constantemente la necesidad de servicios públicos y exige la desconcentración de la autoridad, a fin de que sus tareas no caigan en la lentitud, la deshumanización y la ineficacia.

Urgía encontrar fórmulas que alentaran la participación de los ciudadanos, facilitaron los trámites administrativos y acrecentaran las relaciones entre gobernantes y gobernados.

La nueva Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal tiene como principio rector la descentralización del gobierno de la ciudad en 16 verdaderas delegaciones.

Más que un traslado de funciones administrativas buscamos que, al cabo de pocos años, al capital esté formada por ciudades que aseguren una vida en común, más armoniosa y un gobierno más eficaz.

Quiere el nuevo ordenamiento que los habitantes de la metrópoli se sientan vinculados a sus respectivas jurisdicciones para evitar la despersonalización de la vida urbana y propiciar que se exprese nuestra solidaridad en obras sociales, cívicas y culturales.

La tarea de gobernar a la ciudad ha de ser compartida por el pueblo.

El soborno, el recelo y el engaño provienen de antiguas distorsiones sobre el concepto de autoridad que debemos desterrar.

Necesitamos que los ciudadanos den pruebas de civismo en su vida de relación y exijan, con ponderación y firmeza, el respeto de sus derechos.

La delincuencia, el pandillerismo, la agresividad, la apatía y todo género de conductas antisociales son parte de un proceso de degradación de los valores esenciales de la convivencia que estamos todos obligados a defender.

Se creó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal a fin de que sus habitantes puedan solicitar la revisión de los actos y resoluciones de las autoridades del Departamento.

El nuevo Tribunal ya imparte justicia pronta y expedita, al margen de formalidades innecesarias, y nulifica las decisiones contrarias a las leyes o los reglamentos.

Las inversiones públicas deben entenderse como un fruto de la relación entre pueblo y gobierno.

Si bien los recursos de que dispone la administración de la ciudad son desproporcionados para las carencias de sus habitantes, no es menos cierto que los instrumentos de cooperación ciudadana pueden todavía incrementarse.

Desde hace tiempo el Distrito Federal afronta, paradójicamente, dos grandes problemas: la escasez de agua y la amenaza de inundaciones.

Para garantizar el suministro presente y futuro, se iniciaron los trabajos destinados a incrementar durante la presente administración, en un 60%, el caudal que actualmente se recibe.

Se introducen servicios de agua potable en 62 colonias populares.

Se analiza la viabilidad de los proyectos que permitirán el abastecimiento regular para el futuro mediante captaciones en el río Tecolutla o en el Alto Balsas; y contrarrestar el hundimiento de la ciudad, la conservación del suelo y el mejoramiento silvícola.

Con una inversión de 954 millones de pesos para este año se han activado los trabajos del sistema de drenaje profundo para que en 1973 funcionen, tanto el emisor central como los interceptores, y se elimine el peligro de las inundaciones.

Continúa la construcción de numerosas obras de alcantarillado, pavimentación, vialidad y alumbrado, sanitarias y de esparcimiento y mejoramiento ambiental.

Nuestra ciudad debe ofrecer seguridad, respecto a la vida humana, posibilidades de desarrollo personal y perspectivas abiertas para nuestros hijos.

Nos hemos preocupado por ampliar los servicios educativos y de bienestar, e iniciar un cambio en la fisonomía de la capital por el ensanchamiento de las áreas verdes y el estímulo a las expresiones de la cultura y el civismo.

Hemos dado instrucciones a las autoridades del Departamento a fin de que se regularice la propiedad urbana, lo que se hará este año en 63 colonias populares.

Las hemos instruido igualmente, para que todos sus programas de trabajo den prioridad a los sectores de menores ingresos y a las zonas de la ciudad de que mayores carencias de servicios tienen.

El contraste entre la ostentación y la pobreza, la proliferación de cinturones de miseria y de ciudades perdidas, y las condiciones de las zonas proletarias constituyen una de nuestras más graves preocupaciones.

Mediante la acción conjunta de varias dependencias hemos intensificado el programa de construcción de habitaciones populares en el área metropolitana del Valle de México.

Se terminaron en el período de que se informa 1,490 viviendas de un programa de 14 mil 992, que se localizarán en varias colonias de la ciudad, entre otras, en San Juan de Aragón, La Patera, El Coyol, La Albarrada, Ixtacalco y San Felipe Terremotes.

Se iniciaron las obras de urbanización necesarias para la construcción de 9 mil viviendas en San Juan Ixtacala, en el área de Tlalnepantla, y 7 mil 999 más del conjunto urbano Ejército de Oriente, ubicado en las cercanías del Peñón viejo del Distrito Federal.

Al norte y al poniente de la ciudad de México se iniciarán también en los próximos días obras de urbanización previas a la construcción de dos conjuntos habitacionales de 6 mil 800 viviendas de tipo popular.

Otros proyectos habitacionales a punto de iniciarse son el de 559 viviendas en el predio La Pradera cercana a San Juan de Aragón, 262 casas para empleados del Senado de la República en la zona de Coapa y 1,040 más en la avenida Copilco.

Están en construcción 3 jardines de niños, 49 escuelas primarias, 7 secundarias técnicas y se dota de talleres a 28 escuelas secundarias.

Tres mercados fueron concluidos e instaladas bodegas en 151 de los ya existentes.

La CONASUPO instaló en el mes de agosto último 40 tiendas más en el Distrito Federal.

En noviembre se inauguró la tercera línea del "metro".

Transporta a cerca de un millón de personas por día.

Se estudia cuidadosamente su coordinación con el funcionamiento de autobuses, tranvías y trolebuses para encontrar soluciones integrales al problema de la comunicación urbana.

Con el propósito de descongestionar el tránsito del centro de la ciudad y de reducir las emanaciones de gases tóxicos, se dispuso la edificación de cuatro terminales de transporte foráneo en la periferia de la capital, iniciándose desde luego la construcción de la correspondiente a la zona norte.

El programa de inversiones del Departamento del Distrito Federal asciende a 2 mil 572 millones de pesos.

i a ello sumamos 1447 que representan las obras públicas emprendidas por otras dependencias en esta ciudad y los 2 mil 369 millones a que ascienden las obras públicas que, aún no estando ubicadas físicamente dentro del Distrito habrán de beneficiar directamente a sus habitantes, podremos medir la magnitud del esfuerzo que se lleva a cabo para atender sus necesidades.

El Ejecutivo a mi cargo dispuso la constitución de la Comisión de Estudios del Lago de Texcoco.

Invitó a participar a las autoridades de los Estados de México, Tlaxcala e Hidalgo, para buscar el mejor aprovechamiento del agua y de la superficie original del vaso.

Emitido el dictamen, ordenó la inmediata iniciación de los trabajos, cuya duración se prevé en once años.

Las obras consisten en la construcción de seis lagos, reforestación, acondicionamiento de pastizales y construcción de parques públicos.

Se reservarán las superficies necesarias para zonas habitacionales, industrias dedicadas a la producción de sosa y la ampliación del Aeropuerto Internacional.

La ciudad de Cuautitlán-Itzcalli, cuya construcción se ha iniciado en el Estado de México, albergará más de un millón de habitantes, lo que contribuirá a descongestionar el Distrito Federal.

Conocemos los peligros que entraña el crecimiento incontrolado de la capital.

Se trata de un fenómeno natural que no puede frenarse de modo compulsivo.

El único medio efectivo para lograrlo es vigorizar la economía en el interior del país, crear nuevos polos de desarrollo regional, descentralizar la industria, las actividades administrativas y los centros educativos, para que el desenvolvimiento pujante de la provincia compense el espejismo de la gran ciudad.

Como consecuencia del acelerado crecimiento de las ciudades, muchas tierras ejidales y algunas propiedades privadas de su periferia, se encuentran ocupadas por personas que por no tener regularizada su posesión, no pueden ser sujetos de crédito en programas de habitación popular.

La anterior inseguridad jurídica y la escasez de recursos de los poseedores, determinan el crecimiento de ciudades perdidas y cinturones de miseria en donde la vivienda presenta condiciones infrahumanas y campea la promiscuidad y la falta de servicios.

Para resolver este grave problema urbano expedimos un decreto a fin de que el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular se aboque de inmediato a la formulación de Convenios con las autoridades del Distrito Federal y de las demás Entidades Federativas, para poder llevar a cabo la regularización de la propiedad de esos terrenos, promoviendo, asimismo, ante las autoridades competentes, y en apoyo de los gobiernos locales, la creación de fundos legales y la formulación de planos reguladores que hagan que el crecimiento de nuestras ciudades tengan sentido armónico y humano.

El hombre de nuestra época parece haber olvidado que su existencia depende de equilibrios del medio físico fácilmente perturbables.

El serio riesgo para la salud y el bienestar público, así como los daños a la fauna y la flora, que trae consigo la contaminación ambiental representa un alto precio pagado por los grandes conglomerados humanos.

El problema de la contaminación no sólo se expresa en los grandes conjuntos urbanos, sino que se extiende al medio rural, a poblados, ríos, lagos y mares.

Sin embargo, es en las áreas densamente pobladas o industrializadas donde se acentúa.

Es el Valle de México el que reviste las características más alarmantes.

La intensa circulación de muchos miles de vehículos, los enormes residuos generados por la población, la colecta, el hacinamiento diario de basura, los desperdicios industriales y las frecuentes tolvaneras, han producido visible deterioro a nuestro medio.

A fin de detener este proceso, entró en vigor la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental.

Simultáneamente, se creó con la coordinación de la Procuraduría General de la República, la Comisión Jurídico Consultiva, encargada de proponer una reglamentación que permita la aplicación plena de este precepto federal, así como poner en marcha los mecanismos de prevención y control.

Sin embargo, el problema de la contaminación ambiental en la República, especialmente en la cuenca del Valle de México, no habrá de resolverse tan sólo con los reglamentos, decretos o acuerdos administrativos que se formulen.

Del cumplimiento de las medidas que en particular se vayan dictando, cada uno de nosotros debe ser atento vigilante”.

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